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Peligra la autoridad de los padres.
Con este título publicaba un interesante artículo la revista Alfa y Omega que se distribuye los jueves junto al periódico ABC y a la que ustedes pueden acceder en su web.
Nos habla de la voluntad del Gobierno de modificar el artículo 154 del Código Civil para suprimir el párrafo que autoriza a los padres a "corregir razonable y moderadamente a los hijos", con lo que dar un azote de castigo a un hijo podría quedar fuera de la ley.
Don José Luis Requero califica esto de "una intromisión del Estado".
Por otra parte el gobierono quiere ampliar los derechos de los niños, y pretende erradicar toda forma de castigo físico. Requero señala que evidentemente debe perseguirse el maltrato, pero hay una diferencia abismal entre éste y la corrección moderada en el ejercicio de la patria potestad.
Ya vemos brotes de agresividad juvenil, de niños malcriados que se comen a sus padres. Y en vez de reforzar la autoridad de los padres, se hace justamente lo contrario.
El argumento que se da para esta medida legal es la lógica democrática. Pero eso es un disparate, porque las relaciones entre padres e hijos son paterno-filiares, no democráticas; del mismo modo que las relaciones entre Gobierno y gobernados deben ser democráticas y no paterno-filiales.
Este no es el único ejemplo. Con la nueva ley educativa, se quiere imponer la asignatura Educación para la ciudadanía, que, según el Consejo de Estado, puede vulnerar el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales. En esta asignatura se dará cobertura a una serie de iniciativas ideológicas, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, y se pretende impregnar a la sociedad de esos "valores".
Esta medida tiende a debilitar las relaciones entre padres e hijos. Esta situación exige a las familias convertirse en agentes sociales para defenderse, sin limitarse a un papel pasivo ante los cambios legislativos y políticos, dice D. Benigno Blanco, vicepresidente del Foro Español de la Familia.
Los padres deben asumir directamente la formación de sus hijos, haciéndose presentes en la escuala a atraves de las AMPAS y planteando la objeción de conciencia ante las materias que ofenden a nuestras convicciones más íntimas. Es la hora de la responsabilidad.
Abstemios por ley
Juan Manuel de Prada titulaba así un comentario aparecido en ABC a propósito de las prohibiciones de la ministra Elena Salgado: tras prohibirnos no sé cuantas cosas ahora quiere prohibir el vino.
Señala que lo que quiere es que renunciemos a nuestra responsabilidad. La idea del hombre como ser capaz de adopar decisiones, dotado de libertad para elegir entre lo que le beneficia y lo que le perjudica, siempre ha molestado a los totalitarismos. Nos quieren convertir en criaturas carentes de razón y de juicio, que se dejan mangonear desde instancias superiores, que comen y beben y piensan lo que esa instancias superiores les permiten comer, beber y pensar.
Y lo disfrazan todo con ropajes filantrópicos y paternalistas. Y saca en procesión a los pobrecitos menores de edad, a quienes quiere proteger de los efectos perniciosos de las bebidas alcohólicas.
Esto es querer evitar una calamidad combatiendo sus consecuencias, no sus causas. Si los jóvenes beben inmoderadamente es porque no tienen razones para hacer otra cosa. Porque llevan una vida sin alicientes en la que se castiga el esfuerzo y se reprime el mérito, donde se exalta el hedonismo y la entrega inconsciente a la permisividad. Llevan una vida vacía y sin responsabilidades, esclavos de sus apetencias y caprichos.
Una vez se ha conseguido destruir a la juventud con sus leyes (se pasa de curso sin esfuerzo; se premia la mediocridad; se evita alabar a los que más estudian y trabajan; no hay respeto al profesor ni a los padres...) es cuando llega la ministra Salgado y propone remediar la situación con una filantrópica ley que castigue el consumo de alcohol.

